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El papel del Poder Judicial en una Cuba post-Castro:
Recomendaciones para el cambio
Preparado para el Proyecto sobre la Transición
en Cuba
Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos
Universidad de Miami
Por: Laura Patallo Sánchez,
Asociada de Investigación, ICCAS,
Universidad de Miami, Coral Gables, Florida.
Sumario ejecutivo
Establecer una cultura constitucional que limite al gobierno
es esencial para la creación de un estado
basado en la ley. El papel de un Poder Judicial en crear un estado con un
funcionamiento eficaz es trascendental, como lo es el de los tribunales que estén
encargados de proteger los derechos humanos y los derechos de propiedad
haciendo cumplir los marcos legales que sostengan un óptimo
funcionamiento de la economía de mercado.
Sin la participación de un Poder Judicial
eficiente, tanto los esfuerzos para democratizar como los de más
desarrollo económico, serán
afectados de manera adversa.
Un Poder Judicial eficiente es el que sea capaz de
funcionar justa e imparcialmente dentro del sistema legal. Entre sus funciones
debe tener el poder de regular la legalidad de los actos del estado y debe ser
independiente; en conclusión, debe operar
como un cuerpo separado dentro del gobierno, dentro de un definido ámbito
institucional de autoridad en general. Los jueces individuales deben tener la
facultad de decidir los casos sobre la base de sus propias determinaciones de
las pruebas y la ley, sin interferencia de otras ramas políticas,
autoridades gubernamentales o ciudadanos privados.
El Poder Judicial en la Cuba de hoy no es independiente, sino más
bien un arma política del estado dirigida
por el Partido Comunista de Cuba. Durante una transición
hacia la democracia, el Poder Judicial debe adaptarse al nuevo sistema y se
deben hacer cambios institucionales que promuevan el desarrollo de un Poder
Judicial independiente. Esta meta se puede lograr ampliando el alcance del
Poder Judicial y desarrollando mecanismos institucionales que protega a los
tribunales de la influencia de otros actores del estado o de algún
partido político.
Cualquier proceso de reforma judicial debe comenzar por establecer el Poder
Judicial como una rama separada del gobierno con poderes o funciones enumeradas
y otorgando a los tribunales, o al menos a una corte constitucional, el poder de
la revisión judicial.
La separación de poderes. El concepto de
separación de poderes debe ser adoptado por
una Cuba democrática. Si al Poder Judicial
se le da una independencia estructural, existe una mayor posibilidad de que la
independencia judicial crezca y de que la administración
de la justicia no esté subordinada al poder
político.
La revisión judicial. La adopción
del poder de la revisión judicial, es
decir, el derecho de los tribunales de revisar los actos gubernamentales para
determinar su legitimidad, es el próximo
paso en el desarrollo de un estado de derecho y la creación
de un Poder Judicial independiente. La mayoría
de los países que han empezado o han hecho
transiciones hacia la democracia, han adoptado alguna forma de revisión
judicial. La mayor parte han adoptado la versión
centralizada de revisión judicial y han
creado tribunales constitucionales para revisar la legalidad de los actos del
gobierno.
La reinstitución del poder de la revisión
judicial en Cuba es un elemento clave de la futura reforma judicial en la isla.
La revisión judicial puede jugar un papel
importante en el desarrollo de la democracia en Cuba y contribuiría
decisivamente en la eliminación de
la tradicional subordinación de los
tribunales al proceso político.
Después de que estas metas iniciales sean
satisfechas, se deben crear mecanismos institucionales que sostengan con
mayor fuerza el desarrollo de un Poder Judicial independiente. Estos
mecanismos incluyen 1) organizar los tribunales eficazmente, 2) adoptar métodos
abiertos, transparentes y eficaces de la selección
judicial, 3) establecer métodos para
garantizar el ejercicio judicial y el pago de salarios adecuados a los jueces,
4) establecer reglas para la justa evaluación
y, si fuera necesario, el castigo de los jueces y 5) proporcionar autonomía
fiscal al Poder Judicial.
La organización del tribunal. La organización
de los tribunales ordinarios en Cuba es similar a la organización
de los tribunales en los países de derecho
civil. Este modelo divide a los tribunales a todos los niveles
en departamentos o salas tales como la civil, la criminal, la
comercial administrativa, o la laboral. Esta estructura en sí
misma, como modelo de organización del
tribunal, es viable y funciona eficientemente en muchos países
de derecho civil. Sin embargo, el Poder Judicial en Cuba debe estar provisto de
la capacidad institucional necesaria para desarrollar y asumir una función
controladora e independiente sobre el abuso del poder gubernamental.
El sistema de los tribunales en Cuba podría
continuar el uso de salas especiales en determinadas áreas
de las leyes substantivas, especialmente en el nivel de los tribunales de
apelación, en casos donde la complejidad de
los temas o hechos legales sea tal que es mejor que un tribunal especializado
sea capaz de resolver los asuntos eficientemente y de forma experta. Estos casos
incluyen impuestos, bancarrota, patentes y marcas comerciales, trabajo y empleo,
comercio internacional y, si fuera apropiado, las demandas de restitución
de bienes . Sin embargo, las salas de los delitos contra la
seguridad del estado y las salas militares deben ser eliminadas.
La selección y aptitudes de los jueces.Los
jueces pueden ser escogidos mediante varios procedimientos , incluyendo la
designación o nombramiento por un cuerpo de
selección o un consejo judicial, el
nombramiento por el Poder Judicial, la elección
popular, el nombramiento mediante concursos, la carrera judicial o combinaciones
de estos elementos. No obstante, el elemento más
importante de cualquier sistema de nombramiento es que el proceso sea abierto y
transparente y que se adhiera a ciertas normas objetivas, aceptadas no sólo
por los actores en el sistema de los tribunales, sino también
por el público.
Cuba puede optar por un Poder Judicial profesional con candidatos para las
posiciones judiciales provenientes de escuelas para jueces o que un
consejo judicial nombre a los jueces para los tribunales ordinarios. Los jueces
después serian promovidos dentro del
sistema de los tribunales .
Alternativamente, el Poder Ejecutivo podría
efectuar nombramientos judiciales con la aprobación
del Poder Legislativo. Los candidatos pudieran ser 1) propuestos por el Poder
Judicial, 2) provenir de escuelas para jueces, o 3) ser elegidos por
respetados abogados en ejercicio. Con independencia del método
de nombramiento, a los candidatos para jueces se les puede exigir
que pasen un examen o ser aprobados antes del nombramiento por un consejo de
nominación. Por último,
los jueces podrían ser electos. La selección
de los jueces elimina el patrocinio político,
al distanciar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de esa ecuación.
Se deben hacer esfuerzos especiales para designar jueces calificados para las
posiciones judiciales en una Cuba post-Castro. Mientras los candidatos
judiciales calificados pueden estar inmediatamente disponibles para dirigir
ciertos tipos de casos, tales como asuntos de derecho de familia, será
difícil, en las etapas preliminares de la
transición, encontrar jueces calificados
para dirigir los diversos temas que surjan en las nuevas leyes que
probablemente acompaZarán
la transición a una economía
de mercado democrática. A Cuba, como a
otros países en transición
que han enfrentado este asunto, se le exigirá
desarrollar programas educacionales y de preparación,
tanto para jueces como para abogados. Estos programas de formación
legal pueden formar parte de un proyecto de extensas reformas judicial que
intente restructurar las leyes del país y
abordar las transformaciones necesarias para promover el cambio económico
y social.
Períodos electivos y salarios judiciales.Al
restructurar el sistema judicial, el asunto de los períodos
judiciales debe ser abordado de inmediato. Cuba tendrá
que determinar si aprueba la permanencia de los jueces de por vida o si
provee períodos judiciales cortos. Si Cuba
restablece su tradición de derecho civil,
el sistema de los tribunales mantendrá el
carácter que tiene la mayor parte de
los sistemas de derecho civil, con un sistema de tribunales divididos en varios
niveles jerárquicos. Los jueces en el nivel
del Tribunal Supremo podrían ser designados
o electos de por vida (hasta la edad obligatoria de retiro) o pueden tener un
período bastante prolongado, con la opción de
renombramiento o reelección. Los jueces en
los tribunales inferiores, de forma similar pueden ser nombrados o electos para
un término fijo , con la posibilidad de
ejercer en períodos adicionales o tener
permanencia de por vida.
El establecimiento de salarios justos y adecuados es un aspecto importante
de la independencia judicial y juega su papel en la facultad del gobierno para
atraer profesionales calificados. Cuba debe reconocer la importancia de un Poder
Judicial independiente y comprometerse a crear un sistema de compensación
justa para los jueces, o la calidad de los candidatos para jueces y
sus compromisos para una justa administración
de la justicia se vería afectada .
La evaluación y la disciplina. Las leyes
cubanas actualmente proporcionan un sistema, según
el cual los jueces son evaluados por el Ministerio de Justicia y pueden ser
castigados o destituidos sólo por mala
conducta o incompetencia. Las leyes cubanas establecen que la Asamblea Nacional
(Poder Legislativo) puede separar por iniciativa propia a cualquier juez de su
cargo.
Se deben crear juntas de revisión
judicial para evaluar y aplicar medidas disciplinarias a los jueces sobre
la base del código de conducta y todos los
procedimientos deben ser abiertos. El criterio para las evaluaciones se debe
enfocar en eficacia que los jueces desempeZan
sus funciones e incluye asuntos relacionados con la administración
de los casos . Los jueces deben ser evaluados en asuntos tales como si los
procedimientos individuales de los jueces en las salas del tribunal facilitan la
presentación de los casos o mejoran el
acceso de los litigantes a la justicia. Los resultados de los casos no deben ser
revisados para evitar crear un sistema en el que las decisiones de los jueces
puedan verse afectadas por presiones de la junta de revisión
judicial.
La autonomía fiscal. La reforma judicial en
Cuba debe incluir la creación de mecanismos
para asegurar que el presupuesto del Poder Judicial no depende de otra autoridad
gubernamental y que sea suficiente para el funcionamiento ordenado de la
administración de justicia.
A fin de asegurar la autonomía fiscal, Cuba
debe seguir la reciente tendencia hacia la presupuestación
unitaria. Esto implica la creación de una
junta de gobierno judicial, compuesta por miembros del Poder Judicial para
dirigir todos los temas presupuestarios, incluyendo pronóstico,
asignación y auditoría
de todos los gastos asociados con la administración
de los tribunales, excepto los salarios, los cuales deben ser determinados por
el Poder Legislativo. Para desempeZar
las funciones presupuestarias y administrativas, los tribunales deben ser
provistos de asistencia técnica, de
contabilidad y auditoría. El uso de
los administradores para el análisis
presupuestario , impedirá que los miembros
de la junta de gobierno se conviertan en administradores a tiempo completo y
permitirá a los jueces atender sus casos.
La reforma judicial es un componente importante en cualquier transición.
Mientras a largo plazo pero realizable, el proceso de reforma tomará
tiempo pues su meta es la transformación
sistemática del Poder Judicial en sí
mismo y también la promulgación
de la mayor parte de, las leyes y normas bajo las cuales funcionará
el Poder Judicial.
El proceso de reforma debe comenzar en Cuba e involucra no sólo
a las ramas del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, sino también
el Poder Judicial, organizaciones no gubernamentales interesadas y ciudadanos
privados. Cuba debe trazar un plan de reforma que tenga en cuenta factores específicos
aplicables a su situación. Es improbable
que todos los aspectos de la reforma puedan ser emprendidos inmediatamente, pero
se debe fijar un programa y las reformas deben empezar en etapas.
La meta final de estos esfuerzos de reforma es crear un Poder
Judicial eficaz e imparcial que proteja tanto los derechos humanos y los
de propiedad, como permitiera la completa y justa administración
del nuevo sistema de mercado. Apoyando los cambios políticos
y legales que tendrán lugar a todo lo largo
de la transición hacia la democracia, el
Poder Judicial contribuirá a la estabilidad
política, social y económica
de una Cuba post-Castro democrática y hará
una importante contribución al desarrollo
de Cuba.
El papel del Poder Judicial en una Cuba post-Castro:
Recomendaciones para el cambio
Introducción
A fin de que la transición de un gobierno
totalitario a la democracia tenga éxito en
Cuba o en cualquier otro país, el estado de
derecho debe ser establecido y preservado.[1]Sin la
creación de una cultura
constitucional que limite a los actores estatales y les impida pasar las
fronteras legales del nuevo sistema, no puede tener lugar una verdadera
democratización.[2]Los tribunales
habitualmente proporcionan los medios más
justos para desafiar el abuso de poder por el gobierno. Por
consiguiente, el papel de los tribunales en los países
que están realizando una transición
a la democracia es significativo, puesto que la rama judicial es responsable de
hacer cumplir no sólo la Constitución,
sino también los derechos de todos los
individuos en el sistema.[3]
De forma similar, el desarrollo económico
requiere un amplio marco legal, hecho cumplir por el Poder Judicial, el cual,
primero y por encima de todo protege los derechos humanos en general y los
derechos de propiedad expresamente.[4]El derecho a la propiedad privada, al
intercambio de derechos en la propiedad, y a la entrada y salida del mercado
libremente, es un factor clave en la creación
de una economía de mercado. El papel de un
Poder Judicial eficaz e imparcial en administrar un nuevo sistema de
mercado equitativamente y eficientemente y, de este modo, atraer la inversión
extranjera, no debe ser subestimado.[5]La creación
de un Poder Judicial eficiente es necesario, no sólo
para apoyar los cambios políticos y legales
que conducen a la transición hacia la
democracia, protegiendo los derechos individuales, sino también
para permitir el óptimo funcionamiento del
mercado. Por lo tanto, la reforma judicial debe ser abordada al principio de
cualquier transición, junto con la
institución de otras importantes reformas
de mercado y legales.
El sistema judicial en cualquier país dado,
depende del contexto político del país,
el contenido sustantivo de sus leyes y la facultad de las instituciones
existentes de hacer cumplir esas leyes.[6]La cuestión
clave al determinar la efectividad de un sistema judicial en el fomento del
desarrollo y el respeto por el estado de derecho, es si este funciona de forma
justa y como era de esperar bajo la ley y protege los derechos individuales y de
propiedad, al tiempo que aliente el crecimiento del sector privado.[7]Al
analizar el rol del Poder Judicial en la Cuba de hoy y al hacer recomendaciones
para la reforma que asegurará el apoyo
definitivo del Poder Judicial para una democracia orientada hacia el mercado en
Cuba, esos factores se deben tener en cuenta.
Un Poder Judicial independiente
Un Poder Judicial independiente juega un papel clave en proteger los derechos
humanos y civiles y es absolutamente esencial para establecer y mantener el
estado de derecho.[8]Los jueces son los únicos
árbitros de las libertades, derechos y
deberes de los ciudadanos.[9]Estos derechos deben ser
otorgados equitativamente sólo por un
"tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la
ley..."[10]Sin un Poder Judicial eficiente y competente, un gobierno es
incapaz de hacer cumplir las reglas que ha establecido en su Constitución
y en sus leyes. Un Poder Judicial ideal aplica las leyes de manera justa y
eficiente, asegurando el carácter
previsible en el resultado de los casos; garantiza el acceso de todos los
ciudadanos a los tribunales; y suministra remedios adecuados dentro de un tiempo
razonable.[11]A fin de que el Poder Judicial logre estas metas, debe ser
independiente; integrado por jueces competentes e imparciales; cuente con
recursos económicos apropiados y
administrado y organizado eficazmente.[12]
Independencia judicial definida
En su nivel más básico,
la independencia judicial significa que terceras partes imparciales o
neutrales que estén aisladas del proceso
político, puedan decidir los
conflictos.[13]El énfasis sobre la
imparcialidad y la "insularidad política"[14]ha
tenido como resultado una definición de la
independencia judicial bastante uniforme como es "el grado en que los
jueces en realidad deciden los casos, de acuerdo con sus propias determinaciones
de las pruebas, la ley y la justicia, libres de coerción,
lisonja, interferencia o amenazas de las autoridades del gobierno o de
ciudadanos privados".[15]Consecuente con esta definición,
la independencia judicial sustantiva, también
mencionada en Estados Unidos como la independencia decisional, significa la
facultad de tomar decisiones judiciales y ejercer las tareas oficiales, libre de
la influencia de otras ramas políticas y
sujeta a ninguna otra autoridad que no sea la ley.[16]
Los requisitos para crear la independencia judicial
La independencia judicial es creada primero mediante la promulgación
de leyes que 1) establezcan el Poder Judicial como una rama independiente del
gobierno, tanto desde el punto de vista organizacional como en su administración
(ejemplo, la separación de poderes), 2)
crean ciertos tipos de revisión judicial y
3) mantengan la autonomía fiscal
(independencia estructural).[17]Los tribunales también
deben estar aislados de la interferencia de cortes del mismo nivel o superiores
y colegas judiciales individualmente, o de otros actores dentro del sistema
judicial (independencia interna).[18]Además,
los jueces deben estar provistos de períodos
establecidos de ejercicio y un pago adecuado y ser protegidos de la arbitraria y
adversa acción de desempleo que fluctúa
entre el descenso de categoría y la
reasignación forzada y la separación
(independencia personal).[19]En esencia, el Poder Judicial debe funcionar como
un cuerpo separado dentro del gobierno, con un papel diferente en regular la
legalidad de los actos del estado con un definido alcance institucional de
autoridad en general.[20]
Por último, se deben poner en práctica
mecanismos institucionalizados para asegurar que los procesos de nombramientos y
sistemas de evaluación, promuevan la
designación y retención
de jueces competentes y altamente calificados. Con ese fin, el proceso de
nombramiento debe ser abierto, transparente y basado en los méritos.[21]
Como una forma práctica, los requisitos
necesarios para la independencia judicial se pueden concretar en seis elementos
clave.[22]Estos son:
1) períodos
garantizados,[23]
2) finalidad de las decisiones,[24]
3) autoridad exclusiva para decidir su propia
competencia,[25]
4) autonomía fiscal,[26]
5) separación de
poderes, [27]y
6) aptitudes enumeradas.[28]
Estos requisitos están
generalmente aceptados y se pueden hallar en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Convención
Europea de Derechos Humanos y la Convención
Interamericana de Derechos Humanos. Antes de analizar hasta dónde
el Poder Judicial en Cuba satisface este criterio y cómo
podría ser reformado para ser más
consecuente con estos ideales, este estudio discutirá
la estructura actual del gobierno en Cuba, el papel de los tribunales en Cuba
y la estructura y organización formal
de los tribunales.
La estructura actual del gobierno en Cuba
La Constitución de Cuba revolucionaria,
primero promulgada en 1976 y enmendada en 1992, establece la estructura del
gobierno en Cuba. La Constitución cubana
tomó como modelo la Constitución
soviética de 1936 y sigue su enfoque
marxista-leninista. [29]El gobierno está
estructurado bajo el principio de la "unidad del pueblo".[30]Bajo esta
teoría, todos los poderes legislativos y
ejecutivos de un estado están asignados o
delegados a un cuerpo democrático
representativo. "Este órgano político
representativo es el órgano supremo del
estado y el único capaz de crear la ley y
controlar las actividades de todos los órganos
estatales".[31]Bajo el concepto de unidad de poder, se ha creado una
estructura jerárquica, según
la cual "la verdadera toma de decisión
está concentrada en una cantidad reducida
de individuos mientras, en teoría,
todo el poder... procede de la elección de
las asambleas municipales".[32]Como se verá
más adelante, la Constitución
cubana alcanza este resultado y finalmente coloca todo el poder legislativo y
ejecutivo en las manos del dictador Fidel Castro. De acuerdo con el concepto de
la doctrina de la unidad de poder, los jueces en Cuba no tienen el poder de la
revisión judicial.[33]Lo que sucede es
que la Asamblea Nacional tiene el derecho de determinar la
constitucionalidad de todas las leyes.[34]
La Constitución cubana de 1992 continúa
designando tres ramas de gobierno: el Poder Ejecutivo, que consiste en el
Consejo de Estado y el Consejo de ministros; el Poder Legislativo, es decir, la
Asamblea Nacional; y el Poder Judicial, consistente en el Tribunal Supremo, los
tribunales provinciales y los tribunales municipales.
El Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente del estado".
Organiza y guía todos los esfuerzos comunes
hacia la creación del socialismo y el
desarrollo de la sociedad comunista".[35] Los ciudadanos no pueden
ejercer sus derechos en oposición a la
Constitución o a las leyes en Cuba, ni
contra la "decisión" del pueblo
cubano de establecer el socialismo.[36] Todas las ramas del gobierno
funcionan contra este telón de fondo ideológico.
La rama del Poder Legislativo
Bajo la Constitución cubana de 1992, el órgano
supremo del poder del estado es la Asamblea Nacional del Poder Popular. La
Asamblea Nacional ejerce todo el poder legislativo y ejecutivo, en teoría,
en nombre de la población. Este órgano
tiene la autoridad, entre otras cosas, de aprobar y revocar todas las leyes,
declarar cualquier ley inconstitucional, elaborar y aprobar el presupuesto,
nombrar a todos los jueces, tomar todas las decisiones con relación
a la moneda y el crédito para el país
y aprobar todos los planes de desarrollo social y económico.
[37]Los 601 miembros son elegidos directamente de listas aprobadas por
comisiones especiales de candidatura, y desempeZan
su cargo durante un período de cinco aZos.[38]Los
delegados a la Asamblea Nacional son elegidos por las asambleas provinciales.
Las asambleas provinciales, a su vez, son elegidas por las asambleas
municipales.[39]
La Asamblea Nacional elige un Consejo de Estado de 31 miembros. La Asamblea
Nacional también selecciona al presidente y
al vicepresidente del Consejo de Estado.[40]El presidente del Consejo de Estado
es el jefe de estado y el jefe de gobierno.[41]El Consejo de Estado está
autorizado a actuar en nombre de la Asamblea Nacional y ejerce todos los poderes
de la Asamblea Nacional cuando ésta no está
en sesión.[42]Por lo tanto, cuando la
Asamblea Nacional no está sesionando, el
Consejo de Estado tiene la máxima autoridad
en Cuba. A causa de que la Asamblea Nacional sólo
se reúne dos veces al aZo
durante unos pocos días, de hecho, los 31
miembros del Consejo de Estado, a través de
su presidente Fidel Castro, ejercen todo el poder sobre la nación.[43]
La rama del Poder Ejecutivo
La rama del Poder Ejecutivo consiste del Consejo de Ministros, cuyos miembros
son seleccionados por el presidente del Consejo de Estado.[44]El Consejo de
Ministros está creado para funcionar
como un gabinete.[45]El Consejo de Ministros es responsable, entre otras cosas
de dirigir todos los asuntos políticos,
económicos, sociales, científicos
y de defensa del país; manejar la
administración de la economía
controlada por el estado, dirigir la política
extranjera y los asuntos del comercio exterior; y mantener la moneda y el crédito
del país.[46]Bajo la Constitución
cubana, el presidente del Consejo de Estado (el jefe de estado) actúa
como el presidente del Consejo de Ministros (el jefe de gobierno).[47] Por lo
tanto, el jefe de gobierno es también el
jefe de estado.[48]La Constitución
establece un comité ejecutivo para el
Consejo de Ministros que está autorizado a
actuar por el Consejo de Ministros entre las reuniones regulares del Consejo de
Estado.[49]
La rama del Poder Judicial
El papel del Poder Judicial en la Cuba de hoy debe ser visto en el contexto de
la sociedad en la cual ha evolucionado y a la luz de las metas trazadas
por la revolución cubana para
desarrollar una "teoría revolucionaria
de la ley".[50]El Poder Judicial, junto con todo el sistema legal en Cuba,
fue deliberadamente desmantelado después
del triunfo de la revolución cubana y se
permitió que la práctica
de la ley se atrofiara.[51]Más tarde, el régimen
intentó "institucionalizar" la
revolución, creando "unas elaboradas
bases judiciales para la revolución, que
reflejarían tanto sus principios como
dirigirían la evolución
del socialismo en Cuba".[52]Por consiguiente, en Cuba el Poder Judicial y
el sistema legal completo del cual forma parte, no fue diseZado para
resolver disputas en una manera ordenada, de acuerdo con el estado de derecho.
Por el contrario, el sistema legal cubano fue diseZado
para solucionar los asuntos legales y resolver las disputas de una forma
que fomente las metas del socialismo y ayude en la transformación
de la sociedad y su evolución hacia el
socialismo.[53]Este concepto de "legalidad socialista" dirige todas
las leyes, y el papel de los jueces es aplicarlas de tal forma que las aZoradas
metas socialistas sean logradas.[54]Es más,
las metas del socialismo y el método para
lograrlas dentro del sistema legal o de otra manera, se reducen a un solo
hombre: Fidel Castro.[55]
Según la Constitución,
en Cuba el Poder Judicial está establecido
teóricamente como una rama independiente
del gobierno, pero está bajo la jurisdicción
de, y específicamente subordinado a, la
Asamblea Nacional y al Consejo de Estado presidido por Fidel Castro, por lo que
de ninguna forma puede ser considerado imparcial.[56]A los jueces se les exige
informar a la Asamblea Nacional sobre la ejecución
de sus tareas, y la Asamblea Nacional tiene el poder de nombrar y separar a los
jueces de sus cargos.[57]A pesar de la afirmación
de que el Poder Judicial es una rama independiente, la realidad es que el
Consejo de Ministros despojó al Poder
Judicial incluso de la mínima
independencia, desde el mismo principio de la revolución.[58]Los
jueces fueron separados deliberadamente , y a los nuevos jueces se les exigió
estar "integrados" a la revolución.[59]Incluso
hoy, después de que el gobierno ha
eliminado el requisito formal de ser miembro del partido y la "integración"
a la revolución para sostener un cargo
judicial, el Poder Judicial permanece servilmente fiel al régimen.[60]Constantemente
el régimen hace cumplir las leyes contra el
delito de "peligrosidad", permitiendo el encarcelamiento, si una
persona simplemente es estimada antisocial y de este modo predispuesta al delito
o capaz de cometerlo, prohibiendo emigrar a las personas y castigando a las
personas que son empleados por cuenta propia o no trabajen para el gobierno. Es
más, el sistema legal de Cuba apoya las prácticas
represivas de los derechos humanos.[61]Los tribunales controlados por el
gobierno socavan el derecho a un juicio justo en los casos criminales
restringiendo el derecho a una defensa y frecuentemente dejan de observar
los limitados derechos procésales
disponibles bajo la actual ley cubana.[62]
La organización y la
administración de los tribunales en Cuba
La organización de los tribunales en Cuba
hoy es el resultado de la evolución de una
serie de leyes relacionadas con el Poder Judicial y que datan de 1973, cuando el
gobierno de Castro por primera vez volcó su
atención hacia la institucionalización
legal de la revolución.[63]La estructura y
el funcionamiento de los tribunales continúa
siendo modificados en la autodenominada búsqueda
del gobierno para crear el perfecto sistema legal socialista.[64]Actualmente, la
organización de los tribunales está
presente en la Ley 70 sobre los Tribunales Populares, promulgada en 1990; la Ley
82 sobre los Tribunales Populares, promulgada en 1997, la cual modificó,
pero no revoca completamente la Ley 70; y la Instrucción
NO. 157, promulgada en 1998.
El sistema de los tribunales
Las leyes más recientes con respecto a la
organización delos tribunales continúan
la estructura básica del Poder Judicial
establecida por una ley previa (la ley 70 en 1990). Los tribunales están
organizados en tres niveles: El Tribunal Supremo, los tribunales provinciales y
los tribunales municipales. Cada uno tiene un presidente y un cuerpo de gobierno
encargado de dirigir las numerosas tareas organizativas y administrativas. Cada
tribunal es requerido por ley de incluir jurados de jueces
profesionales como legos en casos especiales y está
sometido a la supervisión del
Ministerio de Justicia.
El Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo (en Cuba, Tribunal Supremo Popular) tiene seis salas:
criminal, civil y administrativa, laboral,[65]delitos contra la seguridad del
estado, militar y económica.[66]Los jurados
normalmente consisten en dos jueces profesionales, de los cuales uno lo preside
y un juez lego, excepto en casos especiales. En esos casos especiales, el jurado
consiste de tres jueces profesionales, de los cuales uno preside y dos jueces
legos.[67]Los casos especiales que requieren un jurado superior a tres jueces
son 1) los casos que surjan de la apelación
de los tribunales provinciales sobre asuntos para los cuales la ley requiere el
mayor número de jueces en el jurado,[68]2)
los casos en los cuales el Tribunal Supremo tenga jurisdicción
original o de apelación, 3) los casos en
los cuales el presidente del Tribunal Supremo o una sala en particular lo estime
necesario y 4) todos los casos que comparezcan ante el tribunal militar.[69]
Además de las seis salas del Tribunal
Supremo, la Ley 82 establece una "sala especial" del Tribunal Supremo
con jurisdicción sobre 1) los casos que se
procuran enmendar o revisar, o los fallos o sentencias transmitidos por las
salas de lo criminal, delitos contra la seguridad del estado y salas
militares en casos de jurisdicción original
y 2) los así llamados procedimientos de
inspección judicial, comenzados a petición
de "autoridades autorizadas por la ley" que procuran volver a analizar
los fallos o sentencias de la sala de lo militar".[70]La sala
especial está conformada por el presidente
del Tribunal Supremo, dos presidentes de salas, dos jueces profesionales y dos
jueces legos de cualquier sala.[71]En los casos de "inspección
judicial" las salas especiales deben incluir un juez profesional y
uno lego de la sala militar.[72]
El Tribunal Supremo tiene un consejo conocido como el Consejo de Gobierno. El
Consejo de Gobierno está compuesto por el
presidente del Tribunal Supremo, varios vice presidentes, y el presidente de
cada una de las seis salas del tribunal.[73]El ministro de Justicia y el Fiscal
General participan en todas las reuniones como miembros del consejo sin derecho
al voto.[74]Además de ejercer tareas
administrativas y de supervisión
relacionadas con los negocios y el personal del tribunal (incluidos los de los
tribunales inferiores), el consejo también
es responsable de asegurar el acatamiento de las instrucciones o los dictados
del Ministerio de Justicia o del Consejo de Estado. Por ejemplo, entre sus
tareas administrativas y de supervisión, al
consejo se le exige monitorear el desempeZo
de los jueces y otros integrantes de los tribunales,[75]retransmitir
instrucciones a los tribunales recibidas del Consejo de Estado, [76]promulgar
instrucciones obligatorias que establezcan normas uniformes de la práctica
y asegurar la interpretación uniforme de
las leyes por los tribunales,[77]supervisar el desarrollo profesional de los
jueces y establecer programas de formación
técnica para el personal auxiliar de los
tribunales.[78]Al consejo también se le
exige solicitar asesoramiento cuando sea necesario del Consejo de Estado con
respecto a la interpretación de las leyes
existentes,[79]proporcionar evaluaciones de los candidatos a jueces a la
Asamblea Nacional,[80]revisar y aprobar los informes del desempeZo
judicial (rendiciones de cuenta) antes de que sea remitido a la Asamblea
Nacional,[81] y, a solicitud de la Asamblea Nacional, opinar sobre los decretos
y otros asuntos generales.[82]
El presidente del Consejo de Gobierno tiene tareas específicas
que incluyen preparar las rendiciones de cuenta para que sean revisadas por el
consejo;[83]proponer y, si son aprobados, nombrar jueces a una sala específica
(excepto para la sala militar, los cuales son propuestos y designados por las
fuerzas armadas);[84] resolver las disputas entre los jueces;[85]aplicar medidas
disciplinarias a los jueces;[86]reportar mala conducta de los jueces
al consejo; [87] y supervisar el presupuesto del tribunal.[88]
Los tribunales provinciales
Los tribunales provinciales funcionan en todas las provincias. Al menos hay un
tribunal en cada provincia y hay un tribunal localizado en la Isla de la
Juventud.[89] Los tribunales provinciales están
divididos en cinco salas: criminal, civil y administrativa, laboral, delitos
contra la seguridad del estado y económica.[90]Los
tribunales están presididos por un juez
profesional y dos jueces legos, excepto en ciertos casos en los cuales el
jurado, asemejándose a la composición
en el Tribunal Supremo, consiste de tres jueces profesionales, de los cuales uno
preside sobre el caso, y dos jueces legos.[91]Los casos para los cuales se
requiere un jurado especial consistente de dos jueces adicionales, son los
mismos casos que para los que el Tribunal Supremo exige conformar un tribunal
con jueces adicionales .[92]
Cada tribunal provincial también tiene su
propio consejo de gobierno, el cual es responsable de las tareas administrativas
y de supervisión. Las estructuras y tareas
de cada consejo son similares a las del consejo de gobierno del Tribunal Supremo
con respecto a la supervisión y
administración de los jueces y el personal
de los tribunales provinciales, excepto que la autoridad del consejo de gobierno
de cada tribunal provincial está limitada
en algunos aspectos y, en vez de informar a la Asamblea Nacional, informa
directamente al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo.[93]
Los tribunales municipales
Los tribunales municipales son las cortes procesales o cortes
de primera instancia, en muchos casos penales y civiles. Ellos también
actúan como cortes de apelación
en asuntos de empleo y trabajo que son decididos en primera instancia por el
Organo de Justicia Laboral.[94]Los tribunales municipales no están
divididos en salas, pero pueden ser divididos en secciones, a discreción
del presidente del tribunal, si un tribunal de distrito densamente poblado o un
gran número de casos lo hace necesario o
apropiado.[95]Los procesos son conducidos por un juez profesional y dos jueces
legos.[96]
La selección, aptitudes
y separación de los jueces
La mayoría de los jueces en Cuba son
profesionales de carrera que entraron al Poder Judicial después
de recibir preparación especial o
inmediatamente después de graduarse
de la escuela de derecho. Los graduados de la escuela de derecho no fueron
elegibles para ser jueces hasta 1992, cuando la entrada al Poder Judicial fue
abierta a los abogados, a fin de aliviar la escasez de jueces.[97]Después
de 1992, entre el 10 y el 15 por ciento de los graduados de la escuela de
derecho fueron elegibles para servir como magistrados generales.
Para poder ejercer, los jueces profesionales deben ser ciudadanos cubanos, tener
un título legal de una universidad
acreditada, contar con un buen carácter
moral y tener una buena reputación entre el
público.[98]El hecho de tener que ser
miembro del partido ya no es un requisito formal.[99]A pesar de la eliminación
de la membresía del partido como un
requisito para obtener un cargo judicial, es ampliamente aceptado que la
incorporación al partido es necesaria para
el ascenso y que los miembros del Poder Judicial aceptan que su papel es
fortalecer el régimen.[100]Además,
para ser aceptado a la escuela de derecho, un prerrequisito para obtener un
cargo oficial, los candidatos a estudiante de derecho deben demostrar su
apoyo a la revolución mediante un estricto
proceso de entrevistas.
Los candidatos también deben tener un récord
delictivo limpio.[101]Sin embargo, en Cuba el récord
delictivo incluye delitos políticos.
Expresar lo que uno piensa, criticar al régimen
y hablar a un periodista extranjero, son actos delictivos que podrían
conducir al arresto.[102]Supuestamente, si una persona es arrestada por uno de
estos mal denominados delitos, un candidato para una magistratura sería
rechazado sobre la base de este así llamado
récord delictivo.
Los jueces profesionales deben tener dos aZos
de experiencia como abogado, juez o miembro del claustro de la escuela de
derecho para poder ejercer en el nivel municipal, cinco aZos
de experiencia para servir en el nivel provincial y 10 aZos
de experiencia para ocupar un cargo en el Tribunal Supremo.[103]Además
de estos requisitos, un juez seleccionado para ejercer en la sala militar del
Tribunal Supremo debe estar en servicio militar activo.[104]
A los jueces profesionales se les exige tomar un examen de servicio civil y son
chequeados por el Ministerio de Justicia, el cual ha dedicado un considerable
esfuerzo y atención a la evaluación
y formación de los candidatos
judiciales.[105]Los propios tribunales también
interrogan a los candidatos sobre las leyes y sus aptitudes y les exigen debatir
o defender ciertas posiciones.[106]
Los requisitos para ejercer como un juez lego son la edad, un adecuado nivel
educacional, buen carácter moral, buena
reputación en la comunidad y una buena
actitud hacia el empleo o cualquier trabajo hecho en asunto de interés
social.[107]
Con la excepción del presidente y el
vicepresidente del Tribunal Supremo y los miembros de la sala militar del
Tribunal Supremo, el Ministerio de Justicia presenta listas de candidatos
judiciales para las respectivas legislaturas a elección.[108]De
este modo, los miembros del Tribunal Supremo, los tribunales provinciales y los
tribunales municipales son propuestos por el Ministerio de Justicia y
confirmados por la Asamblea Nacional y por las asambleas provinciales y
municipales, respectivamente. Sin embargo, el presidente del Consejo de Estado,
nomina al presidente y al vicepresidente del Tribunal Supremo. Los ministros de
Justicia y Defensa proponen los jueces seleccionados para ejercer en la
sala militar a la Asamblea Nacional.[109]
Con anterioridad a la promulgación de la
Ley 82 en 1997, todos los jueces, profesionales y legos, servían
por períodos de cinco aZos.[110]Los
jueces legos y los jueces profesionales temporales aún
ejercen durante períodos de cinco aZos,
pero ahora los jueces profesionales permanentes no tienen un período
establecido.[111]Ellos parecen servir indefinidamente, a no ser que la Asamblea
Nacional o la asamblea local que los eligió
los separe de sus cargos. Las causas para la separación
incluyen el ser arrestado o convicto de un delito, la incompetencia y acciones
que causen daZo grave a la
administración de la justicia.[112]
Los jueces a todos los niveles deben informar de sus casos al Ministerio de
Justicia. El informe es descrito formalmente como un reporte administrativo, y
no un informe sobre los casos individuales o los resultados. El Ministerio de
Justicia mantiene detalladas bases de datos computarizados con respecto a los
casos de los tribunales.[113]
La amplia participación del Ministerio de
Justicia en la selección, formación
y evaluación de los jueces, junto con el
requisito de que los jueces informen al ministerio, coloca en serias dudas la
independencia del Poder Judicial y deja en claro que el Poder Judicial tal y
como está actualmente organizado, se
pretende que funcione como un arma política
del estado.
La reforma judicial en Cuba
En los aZos que siguieron al triunfo
de la revolución cubana, los elementos del
sistema legal, incluidos la escuela de derecho, los abogados, los jueces, los
fiscales y todas las instituciones legales existentes, fueron despojados de sus
poderes y desmantelados o dejados a la atrofia.[114] Los tribunales
revolucionarios fueron creados para cumplir mandatos de Castro en vez de aplicar
las leyes. En un esfuerzo por institucionalizar la revolución,
Cuba intentó reconstruir su sistema
judicial; sin embargo, las experiencias de los antiguos países
socialistas sugieren que el sistema judicial de Cuba y los jueces estarán
mal equipados para conducir muchos asuntos legales que son relevantes para una
economía de mercado. Los jueces en Cuba no
están acostumbrados a manejar complejas
disputas de negocios entre las partes o entidades privadas sobre la igualdad de
las partes. A un nivel más amplio, los
tribunales y otros actores de los tribunales no están
acostumbrados a funcionar fuera del terreno político
o sin considerar los factores políticos que
manejan gran parte de la ley cubana.[115]De hecho, el concepto de un Poder
Judicial independiente es antitético al
papel asignado al Poder Judicial en Cuba o en cualquier país
socialista. La transición hacia una economía
de mercado también exigirá
una transición para el Poder Judicial. El
sistema judicial tendrá que adaptarse al
nuevo sistema de mercado democrático y se
necesitará un proceso sistemático
para aislar a los tribunales de la influencia de otros actores estatales o de
cualquier partido político. Esta meta puede
ser lograda restructurando la organización
del Poder Judicial, ampliando el alcance del poder judicial y haciendo
suficientes cambios institucionales para promover el desarrollo de un Poder
Judicial independiente.[116]
Los poderes y la organización
del Poder Judicial en una Cuba post-Castro[117]
En los últimos 20 a 25 aZos,
la tendencia ha sido hacia la promulgación
de constituciones nacionales en situaciones de transición
del gobierno autoritario a la democracia. Las constituciones nacionales han sido
promulgadas en todos los países de Europa
Central y del Este, en la antigua Unión
Soviética, así
como en EspaZa, Nicaragua y Sudáfrica.
Las nuevas constituciones nacionales, entre otras cosas, generalmente reflejan
un movimiento hacia la creación de un Poder
Judicial independiente. Esta tendencia es evidente en la creciente práctica
de establecer Poderes Judiciales como órganos
separados o ramas del gobierno con poderes o funciones enumeradas, concediendo
el poder de la revisión judicial por
tribunales constitucionales, intentando crear mecanismos para asegurar el
nombramiento de jueces calificados que serán
capaces de mantener su independencia de la interferencia política
y en general cambiando de postura hacia la protección
de los derechos individuales y de propiedad.[118]
En contraste, Cuba rechaza las nociones tradicionales de justicia, tales como el
concepto de revisión judicial o la idea de
la separación de poderes, sobre la teoría
de que ésas son "falsas medidas
formales de democracia".[119]El rechazo de Cuba a estos conceptos va contra
la tendencia general en otras partes del mundo, donde la fuerza del Poder
Judicial es considerada como un importante freno contra el abuso de poder. Los
países que han establecido sistemas de
revisión judicial, han incrementado
enormemente la independencia del Poder Judicial y han cambiado de postura,
mediante el uso de la revisión judicial,
hacia una mayor protección de los derechos
humanos e individuales.
La división de poderes
El constitucionalismo comunista rechaza la idea de cualquier división
de poderes entre los órganos del gobierno.
Todos los poderes están establecidos en un único
cuerpo representativo que teóricamente
responde al deseo de las masas. Por otra parte, las funciones del gobierno están
asignadas a diferentes órganos. Aunque la
jurisprudencia comunista descarta el principio de división
de poderes, sobre la teoría de que es
inconsecuente con la supremacía de los
parlamentos, en verdad, la doctrina es rechazada porque es inconsecuente con el
monopolio de poder que sostiene el Partido Comunista de Cuba, como la fuerza
rectora de la sociedad comunista.[120]
La división de las funciones estatales
ocurre en un sistema, en el cual el poder de toma de decisión
está concentrado en un organismo único,
mientras el mecanismo mediante el cual ese poder es ejercido, está
delegado a diferentes órganos del
gobierno.[121]La división de poderes se
refiere a un sistema en el cual el poder de toma de decisión
está en sí
mismo dividido entre varios órganos del
gobierno. La idea básica de la división
de poderes es que el gobierno debe estar limitado mediante la difusión
de sus poderes.[122]Los poderes no tienen que estar divididos a partes
iguales.[123]La meta es crear un sistema en el cual las ramas del gobierno no
estén organizadas de tal forma que todas
ellas estén sujetas al control de un
organismo superior.[124]La premisa fundamental del concepto de división
de poderes es el gobierno limitado, un concepto no reconocido en el
constitucionalismo comunista.[125]
La separación de poderes es una versión
más limitada de la división
de poderes, en la cual el poder de toma de decisión
está dividido entre ramas separadas del
gobierno. Al igual que en el concepto de división
de poderes, los poderes no tienen que estar igualmente divididos necesariamente.
Sin embargo, si se pone énfasis sobre la
igualdad de poderes, más que simplemente en
la división de poderes, el resultado es el
modelo de separación de poderes
norteamericano, el cual enfatiza las inspecciones y los equilibrios (checks and
balances).[126]
Cuando llegó la hora de que los países
de Europa Central y del Este redactaran nuevas constituciones, esas naciones se
alejaron de la idea de "centralismo democrático".
Alguna aparente confusión sobre la
diferencia entre la división de las
funciones del estado o el gobierno y la división
de poderes, junto con la creencia de que la división
de poderes no puede ser aplicada a un sistema que reconoce la superioridad de un
poder (por ejemplo, el Parlamento), ha tenido como resultado algunos sistemas híbridos
que no siempre dividen los poderes claramente, sino que tampoco los
consolida.[127]No obstante, cuando redactaban sus nuevas constituciones, la
mayor parte de los países del antiguo
bloque soviético adoptaron alguna forma de
división de poderes.
La nueva Constitución de Bulgaria, adoptada
en 1991, rechazó la noción
de la unidad de poder y creó un sistema de
separación o equilibrio de poderes entre el
Parlamento unicameral, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.[128]La Constitución
interina de Polonia (conocida como la "PequeZa
Constitución") dividió
de igual forma el poder entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los
tribunales independientes. La versión final
de la Constitución polaca, la Constitución
de 1997, dio preferencia al Parlamento, pero aún
así reservaron algunos poderes a un
presidente electo por el voto popular y a los tribunales.[129]
La Constitución de Hungría
declara al país como un estado
constitucional democrático basado en la
separación de poderes entre el Parlamento,
el Consejo de Ministros y el Poder Judicial.[130]Asimismo, la Constitución
de Eslovaquia establece lo que parece ser una división
de poderes entre los órganos del
gobierno.[131]La Constitución de la República
Checa hace referencia a los diferentes poderes y mantiene la independencia del
Poder Judicial.[132]Las constituciones de Bielorrusia, Estonia y Kazajstán
enfatizan que, para promover un gobierno eficaz, los poderes del Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo deben estar equilibrados uno contra el
otro.[133]
La Constitución de pre-transición
de Nicaragua, impuesta por los sandinistas en 1987, está
más cerca de un modelo de centralismo
democrático.[134]Aunque las diferentes
funciones del gobierno fueron separadas, la mayoría
del poder estaba concentrada en la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no era
siquiera nominalmente independiente y mientras se le dio un poder limitado para
revisar la constitucionalidad de las leyes, ese poder podía
ser ejercido sólo a solicitud del Poder
Legislativo.[135]La Constitución ha sido
enmendada dos veces desde que comenzó la
transición: primero en 1995 y después
en el 2000.
Las enmiendas posteriores a la Constitución
nicaragüense de 1987 han originado cambios
en casi todas las secciones. Al igual que en la versión
previa de la Constitución, no fueron
creadas ramas independientes del gobierno, pero las funciones legislativas,
ejecutivas y judiciales están separadas. La
sección sobre el Poder Judicial reorganiza
los tribunales y crea un Tribunal Supremo dividido en cuatro salas: civil,
criminal, constitucional y administrativa. A las decisiones del Tribunal Supremo
se les otorgan fuerza de ley. A los tribunales, por lo general, se les confieren
poderes más amplios y el presidente está
a cargo de proporcionar el apoyo necesario para hacer cumplir todas las
decisiones de los tribunales.[136]
La Constitución espaZola,
ratificada en 1978 después de la muerte del
general Francisco Franco, ha sido enmendada en varias ocasiones. El Poder
Judicial en EspaZa está
establecido como un poder independiente, y los jueces son declarados
independientes y sujetos sólo al estado de
derecho.[137]La Constitución propicia que
las decisiones del Poder Judicial deben ser enforzadas y que los
tribunales deben ser apoyados a lo largo de cualquier procedimiento dado y
durante del tiempo de ejecución de las
sentencias.[138]
Recomendaciones para Cuba
Incluso donde no exista una clara división
de poderes entre las ramas, la tendencia hacia la creación
de Poderes Judiciales como órganos
separados e independientes, junto con los poderes dados a los tribunales para
limitar los abusos del gobierno durante el ejercicio de la revisión
judicial, crea un ambiente más favorable
para la evolución de Poderes Judiciales
independientes.
A fin de comenzar el proceso de establecer un Poder Judicial independiente en
Cuba, el nuevo gobierno cubano debe alejarse del concepto de centralismo democrático
y procurar establecer un marco legal que divida de hecho las funciones y poderes
del gobierno. Al hacer esto, Cuba respondería
al llamado de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para "reformar la Constitución
Política del Estado, a fin de establecer la
separación de poderes y de este modo evitar
la situación de que la administración
de la justicia esté subordinada al poder
político".[139]Si al Poder Judicial se
le da independencia estructural, existe una mayor posibilidad de que crezca la
independencia judicial. En algunos países
(Alemania, Francia, Canadá e Inglaterra),
los Poderes Judiciales funcionan con mucha autonomía
en la toma de decisión y generalmente son
respetados y considerados como competentes, aunque no gocen de independencia
estructural. Esto es improbable que ocurra en Cuba. Los Poderes Judiciales en
Canadá, Alemania, Francia e Inglaterra
funcionan de hecho sin independencia estructural, debido a la larga historia y
tradición de respeto por el Poder Judicial
en esos países.[140] La falta de esta
tradición en Cuba hace improbable que un
Poder Judicial independiente se desarrollará
sin crear primero una esfera protegida en la cual el Poder Judicial pueda
funcionar. Sin esta esfera, al Poder Judicial se le debe dar jurisdicción
sobre todos los asuntos judiciales y debe tener autoridad exclusiva para decidir
si un asunto sometido a su decisión está
dentro de su competencia. Sus decisiones deben ser definitivas y no sometidas a
revisión o modificación
por el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo.
La experiencia de Cuba puede probar ser similar a la de Europa Central y del
Este o a la de EspaZa. Los países
de Europa Central y del Este se estuvieron moviendo hacia la democracia desde
sistemas comunistas, en los cuales, como en Cuba, el Poder Judicial no era ni
independiente ni imparcial. Estos países
eligieron crear sistemas en los cuales las diferentes funciones o poderes del
gobierno están separadas, en un esfuerzo
por proporcionar límites sobre el gobierno.
A los Poderes Judiciales se les dieron poderes enumerados y se les proveyó
una esfera en la cual esos poderes probablemente podían
ser ejercidos sin interferencia de otros actores gubernamentales.
En EspaZa, el gobierno cambió
del régimen autoritario de Franco a la
democracia. El gobierno de Franco, el cual había
sido precedido por una monarquía,
proporcionó tras la muerte de Franco que el
sistema monárquico fuera restablecido. Sin
embargo, la transición espaZola
no constituyó una restauración
ni fue posible usar algunas instituciones democráticas
pre-Franco o algunas instituciones existentes para apoyar una transición
democrática. Después
de que el rey Juan Carlos retornó a EspaZa,
comenzó un proceso de rápida
consolidación democrática,
acompaZado por la creación
de nuevas instituciones. Esas nuevas instituciones y los procesos democráticos
que fueron instituidos durante la transición,
como se presenta en la Constitución espaZola,
son responsables en gran parte del éxito de
la transición espaZola.[141]
En Cuba, será necesario empezar un proceso
de rápida consolidación
democrática, con el fin de mejorar las
oportunidades de una transición exitosa en
el país. Mientras más
lento sea el proceso, es más probable que
la transición se retarde antes de que
cualquier cambio significativo sea emprendido. Desafortunadamente, en Europa
Central y del Este el proceso de democratización
se ha retardado, lo que ha traído como
resultado la frustración general de la
población, que ahora demanda cambios que
puedan devolverle las fracasadas políticas
del pasado. De esta forma, las reformas democráticas
en Cuba deben ser empujadas hacia delante rápidamente,
y entre esas reformas los tribunales cubanos deben ser estructurados con un
definido rango de autoridad constitucional, para mejorar las oportunidades de
desarrollo de un Poder Judicial independiente.
La revisión judicial
Uno de los mayores progresos hechos por los países
post-comunistas hacia el desarrollo de un estado de derecho y la autorización
de un Poder Judicial independiente, es la adopción
de la revisión judicial, esto es, el
derecho de los tribunales a revisar los actos del gobierno para determinar su
coherencia con la Constitución.[142]Muchos
países en desarrollo y casi todas las
antiguas repúblicas soviéticas
han adoptado alguna forma de revisión
judicial. Después del desplome de la Unión
Soviética, Rusia, Bulgaria, la República
Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania,
Eslovenia, Estonia, Bielorrusia, Lituania, Kazajstán
y Kirguizistán adoptaron alguna forma de
revisión judicial. Polonia estableció
la revisión judicial en 1985 y después
extendió el alcance del poder de los
tribunales en la Constitución de
1997.[143]Todos estos países instituyeron
una versión centralizada de la revisión
judicial, al establecer tribunales constitucionales para revisar la legalidad de
los actos del gobierno. EspaZa también
estableció un tribunal constitucional como
parte de su transición a la democracia.
Nicaragua optó por la creación
de una sala constitucional dentro del Tribunal Supremo para dirigir los asuntos
constitucionales.
El rechazo de Cuba a la revisión judicial
va contra la tendencia general en otras partes del mundo, donde la fuerza del
Poder Judicial es vista como un freno importante contra el abuso de poder. Los
países que han establecido sistemas de
revisión judicial han incrementado
enormemente la independencia del Poder Judicial y se han movido, mediante el uso
de la revisión judicial, hacia una mayor
protección de los derechos humanos e
individuales.
El poder de ejercer la revisión judicial,
en posesión de muchos de los recién
creados tribunales constitucionales de la antigua Unión
Soviética y los países
de Europa Central y del Este, ha demostrado ser uno de los más
significativos acontecimientos en las transiciones de esos países
hacia la democracia.[144]Mientras algunos de los países
han creado poderes más limitados de revisión
judicial, muchos han creado poderosos tribunales constitucionales con amplios
poderes, los cuales han incrementado constantemente su poder e independencia y
están propiciando importantes restricciones
sobre el gobierno.[145]Algunos ejemplos de esto último
son Bulgaria, Rusia, la República Checa,
Hungría y Polonia. El efecto positivo de
los tribunales constitucionales en establecer un gobierno de leyes, merece una
mirada más cercana a la organización
y poderes de estos tribunales.[146]
Los países del antiguo
bloque soviético
Bulgaria.El Tribunal Constitucional búlgaro
es una de los grandes logros de Europa del Este. El nuevo tribunal
constitucional tiene amplia jurisdicción
sobre los asuntos constitucionales y está
encargado de 1) propiciar interpretaciones a la Constitución,
2) fallar sobre la constitucionalidad de las leyes,[147]3) fallar sobre la
constitucionalidad de los acuerdos internacionales y su coherencia con los
acuerdos previos, antes de su ratificación
y 4) fallar sobre los desafíos de la
legalidad de las elecciones y de la constitucionalidad de los partidos políticos.[148]Los
poderes del tribunal pueden ser cambiados sólo
por una enmienda de la Constitución.[149]
En el ejercicio de estas funciones durante los últimos
10 aZos, el tribunal ha incrementado
constantemente su poder y prestigio y de hecho protegió
al Poder Judicial de las intrusiones del Poder Legislativo y del Poder
Ejecutivo.[150]
El Tribunal Constitucional búlgaro fue
puesto a prueba y comenzó a desarrollarse
como un tribunal independiente después de
1994, cuando los votantes eligieron un gobierno (del Partido Socialista Búlgaro,
PSB), encabezado por el ala neo-comunista y de partidarios de la línea
dura del partido. El nuevo gobierno socialista inmediatamente comenzó
una agenda legislativa encaminada a revertir la liberalización
económica y política
de los aZos previos y a incluir la
enmienda de la tierra, las leyes de restitución
y la reintroducción de la agricultura
colectiva.[151]El partido democrático del
país, la Unión
de las Fuerzas Democráticas (UFD) recurrió
al tribunal constitucional en sus esfuerzos de desafiar la legalidad de la
agenda del nuevo gobierno como inconstitucional. El tribunal constitucional
sostuvo que las enmiendas eran inconstitucionales porque violaban el derecho de
poseer propiedad privada establecido por la Constitución
de 1992. De este modo comenzó una batalla
de tres aZos entre el Partido
Socialista y el tribunal, la cual finalizó
con la elección de un gobierno de la UFD en
1997 y el establecimiento de la corte constitucional como un poderoso
instrumento de revisión constitucional y un
eficaz freno sobre el gobierno.[152]
De igual significación, el tribunal
constitucional impidió la implementación
de un proyecto de llenar de partidarios los tribunales, ingeniado por el
gobernante PSB (el cual habría tenido como
resultado una purga del Poder Judicial, incluyendo los tribunales
ordinarios[153]) y un intento de bloquear el funcionamiento de los tribunales,
al dejar de destinarles fondos para su funcionamiento y administración.[154]Al
bloquear la agenda del Partido Socialista sobre estos temas, el tribunal
constitucional estableció el escenario para
la continuada independencia del Poder Judicial en su totalidad.
La Federación Rusa. El
Tribunal Constitucional ruso ejerce los poderes de revisión
de forma similar a los de los tribunales de Bulgaria. El tribunal constitucional
está autorizado, entre otras cosas, a 1)
revisar la compatibilidad de los acuerdos internacionales con la Constitución
y las leyes del país, 2) participar en
procedimientos de destitución, 3)
solucionar las disputas entre los órganos
de poder federal y estatal, [155]y 4) escuchar las quejas de los ciudadanos que
aleguen violaciones de los derechos o libertades constitucionales.[156]
El tribunal constitucional ha desarrollado un meritorio récord
durante los últimos aZos.
Este ha tomado la postura de que la Constitución
suministra un remedio legal para cualquier injusticia y ha apoyado el derecho de
los trabajadores de la aviación a la huelga
y fulminó la legislación
que proveía castigos por abandonar el país
y negaba crédito a los acusados de delitos
por el tiempo cumplido en la detención
previa al proceso mientras la defensa preparaba su caso.[157]La dependencia del
tribunal constitucional respecto de la Constitución
como una base para apoyar los derechos y limitaciones de la acción
gubernamental, ha traído como resultado, a
su vez, el reciente ejercicio de una forma de revisión
judicial por los tribunales ordinarios. Tanto el Tribunal Supremo como los
tribunales comerciales han empezado a aplicar la Constitución
en los casos pendientes ante ellos, sin referir los casos a los tribunales
constitucionales y han encontrado numerosas leyes inconstitucionales.[158]
Las naciones de Europa Central y del Este
La República Checa y
Eslovaquia. Tanto la República Checa como
Eslovaquia crearon tribunales constitucionales como parte de la reorganización
del Poder Judicial. Estos tribunales revisan, en abstracto, la legalidad de los
actos gubernamentales sometidos a ellos para consideración.
Normalmente, ningún tribunal constitucional
tiene la autoridad para revisar las leyes o los actos antes de su promulgación.[159]Las
quejas individuales constitucionales son permitidas en ambos países,
y de este modo se les proporciona a los ciudadanos acceso directo a los
tribunales constitucionales.[160]Ambos tribunales constitucionales pueden
participar en los procedimientos de destitución
y pueden ilegalizar los grupos políticos y
fallar sobre la legalidad de las elecciones.[161]
Una importante diferencia entre los tribunales constitucionales de la República
Checa y Eslovaquia está relacionada con los
efectos de un fallo de inconstitucionalidad. Un fallo del tribunal
constitucional en la República Checa, de
que una ley es inconstitucional, anula la ley automáticamente.
En Eslovaquia, el descubrimiento del tribunal, de que la ley no se ajusta a la
Constitución, hace a la ley anulable. Se le
da entonces seis meses al Poder Legislativo para enmendar la ley o actuar para
ajustarla a la Constitución. Si el Poder
Legislativo no actúa dentro de ese período
de tiempo, la ley entonces se convierte en nula.[162]
Hungría. Al tiempo que Hungría
no adoptaba una Constitución completamente
nueva después del hundimiento de la Unión
Soviética, revisó
aproximadamente el 80 por ciento de su Constitución
en 1989. La Constitución fue revisada otra
vez en 1990. La Constitución creó
el primer tribunal constitucional de Hungría,
cuyo propósito es interpretar la
constitucionalidad de los fallos legales, incluyendo los acuerdos
internacionales y para las actas parlamentarias anuales y otras regulaciones que
encuentre inconstitucionales.[163]El poder del tribunal constitucional para
anular leyes que estime inconstitucionales, es más
amplio que el de otros tribunales constitucionales en la región;
a veces el tribunal incluso dicta sentencias con respecto a la
constitucionalidad de los proyectos de leyes.[164]
La jurisdicción del tribunal constitucional
y el acceso al tribunal son igualmente amplias. El tribunal puede no sólo
dictaminar sobre la constitucionalidad de las leyes y proyectos de
leyes existentes, sino también puede
decidir que el Parlamento debió haber
aprobado una ley particular y ordenar al Parlamento aprobar la legislación
necesaria. Además, cualquier ciudadano
puede presentar una queja al tribunal para hacer valer sus derechos .[165]Esta
amplia jurisdicción ha conducido a la
presentación de casos en los cuales el acta
de compensación original, la cual aborda
temas relacionados con el pago de indemnización
a los antiguos dueZos de propiedades
expropiadas, fue declarada inconstitucional a causa de que discriminaba en favor
de los antiguos terratenientes y contra los dueZos
de bienes excepto la propiedad real. La prohibición
contra la propiedad extranjera de la tierra también
fue declarada inconstitucional.[166]
Además de las funciones de vigilancia
constitucional de los tribunales constitucionales, dentro de los tribunales de
jurisdicción ordinaria, el Tribunal Supremo
de Hungría juega un papel consultivo
requerido constitucionalmente para los tribunales inferiores, emitiendo
opiniones de asesoría cuando sea
necesario.[167]
Polonia. En los aZos
80, Polonia comenzó a adoptar algunas
reformas políticas y económicas,
incluyendo el derecho de revisión judicial
por ciertos tribunales.[168]En los aZos
90, se hicieron más revisiones a la
Constitución, que eliminaron la tradicional
jerarquía comunista de propiedad y el papel
dominante del Partido Comunista en el gobierno. Una comisión
constitucional establecida en 1989, no fue capaz de producir inmediatamente una
nueva Constitución.[169]En 1997, luego de aZos
de debate y experimentación con varios
modelos de gobierno, Polonia promulgó una
nueva Constitución.
La nueva Constitución de Polonia continuó
la práctica de la revisión
judicial por un tribunal constitucional. El tribunal constitucional está
autorizado a 1) hacer una presunta determinación
de la constitucionalidad de las leyes, a pedido del presidente, 2) fallar sobre
la conformidad de los acuerdos internacionales con la Constitución
y 3) decidir sobre la compatibilidad de las leyes con la Constitución.[170]El
tribunal constitucional también tiene el
derecho de escuchar las quejas individuales de los ciudadanos privados con
respecto a la constitucionalidad de los actos del gobierno.[171]Las decisiones
sobre la constitucionalidad de las leyes son definitivas y tienen fuerza legal
obligatoria, y las leyes son estimadas nulas desde la fecha de cualquier fallo
adverso.[172]Mientras otros tribunales no pueden declarar un estatuto o ley
inconstitucional, si una cuestión respecto
a la constitucionalidad surge en un caso o controversia, esos tribunales pueden
detener el proceso y referir el asunto al tribunal constitucional para su
fallo.[173]
Eslovenia.Eslovenia también adoptó
una nueva Constitución en 1991 y reformó
el Poder Judicial. Allí fue
establecido un tribunal constitucional en la nueva Constitución.
Su papel es revisar la constitucionalidad de las leyes, regulaciones y actos
individuales del estado o de los partidos políticos.
El tribunal esta encargado en determinar si las leyes se ajustan a los
tratados internacionales y decidir las disputas respecto a la competencia de las
diferentes ramas del estado y los aparatos de administración
local. Cualquier persona con un interés
legal puede traer una queja constitucional ante el tribunal. Una ley que sea
hallada inconstitucional, automáticamente
es estimada nula.[174]
Nicaragua
El Poder Judicial en Nicaragua nunca ha sido bien respetado e históricamente
no ha actuado en el interés de proteger los
derechos individuales. A pesar de las enmiendas a la Constitución
intentando fortalecer el Poder Judicial y proporcionar a los tribunales mayor
independencia, los jueces no fueron remplazados durante la transición
y el Poder Judicial está aún
poblado por muchos jueces simpatizantes de los sandinistas. Sin embargo, el
cambio en el clima político, junto con la
eliminación del monopolio de poder de los
sandinistas, han traído como resultado un
lento movimiento hacia la restauración de
las protecciones de los derechos humanos y los principios democráticos
fundamentales.[175]
EspaZa
El poder de la revisión judicial está
establecido en el Tribunal Constitucional espaZol.
El tribunal constitucional en EspaZa
es un cuerpo independiente sujeto sólo a la
Constitución.[176] Este tiene la autoridad
de decidir sobre la constitucionalidad de todas las leyes y conduce todos los
casos de amparo que buscan reparación por
violaciones de los derechos individuales constitucionales.[177]El tribunal
constitucional está compuesto por 12
miembros designados por el rey después de
la recomendación del Poder Legislativo, el
Poder Ejecutivo y un consejo especial del tribunal.[178]
Recomendaciones para Cuba
Bajo la Constitución cubana de 1940, el
poder de la revisión judicial estaba específicamente
creado y establecido en el Tribunal de Garantías
Constitucionales y Sociales, una sala del Tribunal Supremo. Los tribunales
constitucional tenía amplios poderes para
declarar inconstitucionales "las leyes, decretos-leyes, decretos,
regulaciones, resoluciones, órdenes,
disposiciones y otros actos de cualquier organismo, autoridad o
funcionario".[179]El tribunal constitucional podía
escuchar procesos de habeas corpus sobre apelaciones y, cada vez que ningún
otro recurso estaba disponible, podía también
fallar sobre la validez de la modificación
constitucional.[180]Es más, cualquiera que
fuera afectado por una ley que considerara inconstitucional, tenía
reputación para llevar una reclamación
ante el tribunal constitucional.[181]
La
reinstitución del poder de la revisión
judicial en Cuba es un elemento clave de la futura reforma judicial en la isla.
La revisión judicial podría
jugar un papel importante en promover la democracia en Cuba y contribuiría
a la eliminación de la subordinación
tradicional de otros tribunales al proceso político.
La fuerza del Poder Judicial para determinar si las leyes son coherentes con una
nueva Constitución cubana son absolutamente
necesarias para la protección de los
derechos individuales en Cuba. Al establecer este poder en un tribunal
apropiado, Cuba creará un mecanismo para
frenar los abusos gubernamentales en un gobierno constitucional.
Esto es particularmente importante en Cuba, a causa de la actual incapacidad de
los ciudadanos individuales para obtener cualquier protección
de los abusos de poder del gobierno. Si se crea un tribunal constitucional con
poder de revisión judicial y ese tribunal
establece, mediante su protección de los
individuos u otro derechos constitucionales, un respeto para el Poder Judicial, éste
hará muchos esfuerzos para establecer un
gobierno de derecho. Además, un tribunal
que ejerza este poder puede jugar un papel fundamental en proteger una naciente
democracia en Cuba, como hizo el tribunal constitucional en Bulgaria, donde el
poder ha sido transferido regularmente entre los Partidos Democrático
y Socialista de ese país.
Si la transición en Cuba implica, como debe
ser para que sea exitosa, la rápida
consolidación democrática,
entonces los tribunales con el poder de revisión
judicial pueden ayudar en el proceso de consolidación
democrática protegiendo las recién
creadas instituciones necesarias para la transición.
La organización del
tribunal
La mayoría de los países
de derecho civil siguen los modelos de organización
de tribunales que establecen cortes especializadas o salas especializadas dentro
de los tribunales. En Europa, los tribunales de Francia, Alemania, Bélgica,
Austria y Finlandia están altamente
especializados y conducen asuntos específicos.[182]De
igual forma, los tribunales en América
Latina (por ejemplo, Costa Rica y Nicaragua) están
divididos en salas especializadas que conducen determinado tipos de casos.
Esta práctica se encuentra en todos los
niveles de los tribunales: tribunales de primera instancia , cortes de apelación
y el Tribunal Supremo. En este modelo, los abogados son por lo general expertos
que dependen de la aptitud de los jueces. El sistema de jueces especializados
dentro de las distintas salas de los tribunales permite a los jueces desarrollar
aptitudes en las subespecialidades legales, las cuales no tienen la mayor parte
de los abogados en los países de derecho
civil.[183]Esto está en contraste con los
países del common law como Estados Unidos,
donde los abogados en los tribunales de jurisdicción
general (la mayor parte de los tribunales estatales y federales) desarrollan
conocimientos especializados en subespecialidades de la ley y los jueces
expertos cuentan con el conocimiento legal de los abogados en un caso dado.[184]
La organización del tribunal en los países
en transición es bastante uniforme. Antes
de formar parte de los países de leyes
socialistas, todos fueron países de derecho
civil. Cuando las reformas judiciales empezaron, esos países
regresaron a sus raíces de derecho civil y
siguieron el modelo de tribunales especializados utilizados en Europa y América
Latina. De este modo, además de crear
tribunales constitucionales centralizados, la mayoría
de los países en transición
han reorganizado los tribunales ordinarios para crear diferentes niveles de
tribunales (por ejemplo, el Tribunal Supremo, los tribunales regionales, los
tribunales locales o municipales) con jurisdicción
original o de apelación.[185]Además,
las cortes están divididas en departamentos
separados (por ejemplo, criminal, administrativo, comercial, laboral ), una práctica
común en los países
de derecho civil. Esta estructura de tribunales ha sido adoptada en la República
Checa, Hungría y Polonia.[186]
Nicaragua y EspaZa también
han organizado sus tribunales de una forma similar. Los tribunales ordinarios
espaZoles en su nivel más
bajo están divididos en el tribunal
laboral el administrativo judicial, una corte de jurisdicción
general. Las apelaciones se hacen a los tribunales provinciales, los tribunales
superiores, el Tribunal Nacional de Justicia y el Tribunal Supremo. Cada uno de
ellos está dividido en salas de lo civil,
criminal, laboral y administrativa.
En Nicaragua, el Tribunal Supremo está
dividido en salas que incluyen las salas de lo civil, criminal, administrativa y
constitucional. En los niveles inferiores, los tribunales están
divididos en salas de igual forma. Las cortes de apelación
están divididas al menos en dos salas que
dirigen los asuntos civiles, criminales y laboral.[187]Todos los
tribunales distritales y locales están
divididos en salas para asuntos civiles, criminales, laboral y corte
de familia . El Tribunal Supremo toma la determinación
de qué las salas deben ser creadas en cada
nivel y en cada tribunal.[188]
La Asociación Americana de Abogacía
(ABA, por sus siglas en inglés) ha
estudiado el uso de los tribunales especializados y ha encontrado que la creación
de éstos o las divisiones dentro de los
tribunales para abordar áreas específicas,
es un método eficaz de realzar la
eficiencia del sistema legal en su conjunto.[189]Los jueces que han desarrollado
una habilidad en una subespecialidad específica,
serán capaces de actuar en las disputas de
manera más rápida
y eficiente que un juez de jurisdicción
general, el cual tiene que ser informado sobre el área
específica de la ley antes de tomar una
decisión justa. Además,
cuando los abogados comparezcan ante un juez, probablemente perderán
menos tiempo detallando los elementos de la ley o los hechos que sólo
soporten relevancia tangencial para el caso, si la aptitud del juez es tal que él
o ella no necesiten un manual sobre la ley relevante para el caso. Esto no se
traduce sólo en ahorro de tiempo, sino
también en ahorro de costos que, a su vez,
mejoran el acceso a la justicia.[190]
Los tribunales especializados también
aumentan la oportunidad de decisiones uniformes y cualitativa, de las cuales
ninguna apelación puede o necesita ser
tomada, incrementando de esta forma el elemento de previsiblidad en la ley. El
manejo del caso también se mejora porque un
juez versado en el área específica
de la ley en cuestión, es más
capaz para imponer fechas tope a la preparación
preprocesal, supervisar la revelación de
materiales probatorios, fallar sobre mociones dispositivas, supervisar la solución
de los procesos, conducir el juicio y abordar otros temas del manejo del
caso.[191]
Recomendaciones para Cuba
Excepto por la falta de existencia de un tribunal constitucional separado, la
organización del Poder Judicial en Cuba se
asemeja a la organización de los tribunales
en los países de derecho civil. La propia
estructura, como un modelo de organización
del tribunal, es factible y funciona con buenos resultados en muchos países
de derecho civil. La diferencia estriba en el alcance limitado
del Poder Judicial y el papel específico
asignado a los tribunales en la sociedad cubana. El problema es la falta de
independencia y la consiguiente incapacidad de los tribunales para funcionar
como un freno sobre el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Los tribunales
deben estar provistos de la facultad institucional necesaria para desarrollar y
asumir el papel de un freno independiente sobre el abuso del poder
gubernamental.
Cualquier sistema nuevo de tribunales en Cuba debe continuar el uso de salas
especiales para abordar las áreas específicas
de la ley, principalmente si se restaura un sistema de derecho civil. El uso de
los tribunales especializados debe ser considerado para abordar las áreas
de la ley, en las cuales la complejidad de los temas o actos legales sea tal que
un tribunal especializado sea más capaz de
solucionar los asuntos de forma eficiente y con la aptitud necesaria.
Las áreas de la ley que se prestan a sí
mismas para la creación de tribunales
especializados incluyen impuestos, bancarrota, patentes y marcas registradas,
trabajo, empleo y mercado internacional. Los reclamos de propiedad también
pueden constituir un área de la ley que se
preste a sí misma para ser abordada por
tribunales especiales. Si se adopta en Cuba una legislación
que tenga en cuenta la restitución de
propiedades expropiadas, es bastante seguro que se presente un gran número
de reclamaciones de restitución. En algunos
países en transición,
como la República Checa, los reclamos de
restitución de propiedad fueron abordados
en el departamento civil de los tribunales regulares. Esto causó
durante un tiempo una acumulación de casos
en los tribunales y afectó a la
administración de la justicia en
general.[192]La creación de un tribunal
especializado o comisiones para ocuparse de las demandas de restitución,
pueden aliviar algunos de los problemas asociados con estos reclamos cuando se
presenta un gran número de ellos.
Los tribunales especializados no deben ocuparse de las áreas
de la ley que limiten a un tribunal a ser "capturado por su
clientela". Si los mismos grupos siempre aparecen sobre una muy limitada
variedad de asuntos, los tribunales pueden empezar a adoptar los objetivos de
las partes que se presenten ante ellos, perdiendo su independencia. Además,
si el área de la ley es tan limitada que
los jueces finalicen aplicando mecánicamente
un limitado número de leyes, el prestigio
del tribunal se verá afectado.[193]
La selección y aptitudes
de los jueces
Con el objetivo de que un sistema judicial funcione adecuadamente, los jueces
individuales deben ser aptos y competentes. Un Poder Judicial que esté
integrado por individuos competentes, que sean vistos en función
de los intereses de la justicia y opuestos a sus propios intereses, llegará
a ser respetado y contribuiría
substancialmente en el establecimiento de un estado de derecho. Por lo tanto, el
gobierno debería establecer mecanismos
eficaces, a fin de seleccionar personas calificadas para ejercer en el Poder
Judicial.[194] |